Si usted y yo nos atenemos a las explicaciones que a plana entera y como
inserción pagada en buena parte de los diarios, brinda el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro,
resulta que la iniciativa preferente de reforma laboral de Felipe
Calderón – modificada en sólo “una quinta parte” (Rosalinda Vélez Juárez
dixit), tiene “el propósito de facilitar la creación de empleos
con pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores y para
dotar de certeza jurídica a los inversionistas”.
E insisten los
diputados del autodenominado “nuevo PRI”, mismo que no acaba de
aparecer, que “con esta reforma buscamos que a México le vaya bien,
(naturalmente que no precisan qué entienden por México) con la garantía
de más empleos y mejores salarios, con ello estamos construyendo las
bases de un México mejor”.
A renglón seguido enlistan 10
trascendentes bondades de la reforma que aún debe transitar por el
Senado, enseguida ser aprobada por la mitad más uno de los congresos de
los estados y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, si antes
no se cumple el augurio de que “terminará feneciendo ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación”, porque “está viciada en su forma”, como
sostienen Elisur Arteaga Nava, Clemente Valdés y Luis Argüelles Meraz,
expertos en amparo y con amplia experiencia en la redacción de acciones
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Bondades que también destaca el discurso presidencial que saturará a las
estaciones de radio y los canales de televisión del oligopolio, durante
los 58 días que aún le quedan al “gobierno del presidente de la
república”, salvo el pronóstico mencionado en el párrafo anterior.
Para el señor que desde la campaña de enero-julio de 2006 prometió ser
“el presidente del empleo” con los más que modestos resultados que
documenta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
la aprobada por la Cámara de Diputados “es una reforma que permitirá
contratar a miles y miles de jóvenes y de mujeres, a miles y miles de
trabajadores, que en este momento no tienen trabajo. Ése es el principal
objetivo de la iniciativa de reforma laboral”.
A “los miles y
miles” que festina Calderón Hinojosa, su secretaria del Trabajo le pone
números: 400 mil “empleos adicionales a los que actualmente se están
creando”. Pero Vélez Juárez no se tomó la molestia de explicar en qué
sustenta su proyección, su irresponsable optimismo del que no dará
cuentas a nadie, pues el próximo 30 de noviembre concluye como titular
de la STPS, la que tanto desmanteló en sus funciones originarias de
previsión social el hoy rijoso senador Javier Lozano Alarcón. Lo cierto
es que sólo por el crecimiento demográfico, México necesita un millón de
empleos anuales.
En efecto, se trata de crear empleos pero los costos sociales a pagar por los asalariados apuntan a ser demasiado altos.
Cierto es que la precarización del trabajo constituye una de las
tendencias más sólidas del capitalismo salvaje y que la economía
mexicana está urgida de competir con otras de la aldea global sobre la
base de abaratar la fuerza de trabajo para que la inversión extranjera
fluya con mayor consistencia, garantizándole mejores utilidades que en
China, donde el salario de los trabajadores de las manufacturas mantiene
una tendencia al fortalecimiento. Igual sucede en la mayor parte de los
países de Suramérica. Es decir, el abaratamiento de los salarios no es
ni el único ni el mejor camino para incrementar la productividad.
Pero los diputados del tricolor están instalados en el viejo discurso
demagógico que los lectores mexicanos aprendieron a interpretar al
revés.
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