En los últimos años la cantidad de accidentes laborales fatales se ha
incrementado notablemente en el país, en especial en los sectores
minero, constructivo y metalmecánico. Pasta de Conchos es un ejemplo
funesto en la minería. Eso es un indicador, entre otras cosas, de la
ausencia de buenas condiciones de seguridad, y de una intensiva
explotación de la mano de obra.
En la mayoría de los accidentes los
responsables son las autoridades de la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social (STPS), los dueños capitalistas de las empresas y los
charros sindicales. Se ha incrementado la mortalidad y la morbilidad
laboral. Según datos de 2007, en México se ocultan 26 por ciento de los
accidentes de trabajo, pues muchas empresas no reportan los percances
para evitar el pago de estos riesgos. Igualmente crece el número de
trastornos mentales asociados al estrés, incluso cánceres que no se
consideran enfermedades laborales en su mayoría. La morbilidad de los
obreros creció 30 por ciento.
De aprobarse a finales de este mes
la iniciativa de Calderón Hinojosa para una nueva Ley Federal del
Trabajo la tendencia de morbilidad y mortandad laboral se elevaría. Por
supuesto, eso no les preocupa para nada a los funcionarios
gubernamentales, ni al sector patronal y tampoco a los charros
sindicales. De lo que se trata con esta nueva ley es una mayor e
intensiva explotación de la fuerza de trabajo acorde a una dinámica más
acelerada de acumulación de capital salvaje. La burguesía local y
extranjera quiere que el todo el peso de la crisis económica siga
recayendo sobre los hombros del pueblo trabajador, y para tal efecto la
reforma laboral panista, avalada por el priísmo y el perredismo,
pretende legalizar lo que en los hechos prácticos se viene aplicando
desde hace años: el outsourcing (subcontratación de mano de
obra), disminución de las prestaciones sociales, flexibilidad del
trabajo, contratación por horas, despidos arbitrarios, limitar el pago
de salarios caídos, etcétera.
Pero se trata no solamente de
formalizar jurídicamente lo que en la práctica viene sucediendo contra
los trabajadores sino de ir más allá desmantelando todas las
restricciones legales para obtener mayores tasas de ganancias
capitalistas, es también una embestida política en contra del sindicato
como organización gremial defensiva de los derechos humanos laborales.
Cierto es que los sindicatos charros y “blancos” seguirán existiendo
para beneficio del capital. Es por eso que no hay ninguna contradicción
entre la aplicación de la nueva ley y los sindicatos charros, pues
muchos de ellos se encargan, precisamente, de establecer contratos
fantasmas o el outsourcing. En México un poco más del 90 por
ciento de los contratos sindicales son contratos de protección patronal,
en su mayoría a manos priístas de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC) y de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
Se
trata de una reforma laboral eminentemente regresiva, pues de aprobarse
con o sin maquillaje por los nuevos diputados, la intención es
desmantelar al máximo las conquistas laborales que obstaculizan la
obtención de una mayor rentabilidad de capital. Si en el mundo existen
numerosos paraísos fiscales, incluidos aquellos que lavan más blanco,
también existen paraísos laborales. Verdaderos paraísos neoliberales
como México, a partir del Salinato, mañana reforzado con Peña Nieto.
Recientemente
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que el desempleo,
la falta de oportunidades y la marginación “no justifican” el
comportamiento delictivo ni la violencia. Es muy cierto, la altísima
tasa de desempleo no justifica por sí misma la violencia social, pero si
la explica. Desde hace muchas décadas se conoce de la alta correlación
estadística entre el desempleo masivo y el incremento de la delincuencia
y la criminalidad, al igual que la estrecha correlación entre el
desempleo, la drogadicción y el alcoholismo, incluida la prostitución.
El discurso calderonista, secundado por el empresarial, pretende hacer
creer que está nueva ley laboral conlleva muchos beneficios,
especialmente para los trabajadores, y que incrementaría el empleo y la
modernización del país con base a una mejor competitividad económica:
todo ello es absolutamente falso. La prueba fehaciente es que al término
de su sexenio (el del “presidente del empleo”) la tasa de desempleo es
elevadísima y según algunas estadísticas la población desempleada y
subempleada es poco más de 25 millones de mexicanos; tan sólo hay cerca
de 8 millones de jóvenes nini.
De la misma manera que el
gobierno de Calderón careció de toda legitimidad política, al igual que
el nuevo, esta reforma no tiene ápice de legitimidad pues nunca se
consultó a los sindicatos ni a los trabajadores. Al igual que la
imposición de Peña Nieto, de aprobarse tal contrarreforma seria una
verdadera imposición a los trabajadores. Sería una legislación
totalmente a favor de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX).
Se requiere entonces iniciar un proceso urgente de
(re)organización de los propios trabajadores y sus sindicatos, por lo
que es necesaria la construcción de una Confederación de Trabajadores
Democráticos e Independientes la cual, como Frente Único Sindical,
convoque a movilizaciones y a una huelga general para defender las
conquistas históricas laborales y avanzar en la lucha emancipadora
proletaria.
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